04/10/2026
Por: Alexander Arteaga
Como Macondo, la toma a sangre y fuego de los paramilitares a la Universidad de Córdoba fue arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres. Ese periodo de violencia, que dejó estudiantes, sindicalistas y profesores asesinados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tuvo como punto de partida una directriz surgida en Santa Fe de Ralito, desde donde los paramilitares habrían impuesto como rector a Claudio Sánchez. Sánchez fue posteriormente acusado y, según la prensa de la época, uno de los abogados que participó en su defensa fue nada más y nada menos que el hoy presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El presidente de la República, quien cada vez muestra más su talante autoritario, volvió a presionar a las instituciones de manera arbitraria durante un evento en el barrio La Pradera de Montería. Esta vez lo hizo con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, buscando, de alguna manera, incidir en procesos disciplinarios y judiciales contra funcionarios de la Universidad de Córdoba, institución en la que claramente tiene intereses la familia Bechara, casa política del actual gobernador de Córdoba y sector que apoyó a De la Espriella durante las elecciones presidenciales.
El trasfondo de la deslegitimación y criminalización del rector de la Universidad de Córdoba por parte de Abelardo de la Espriella puede leerse en un único sentido: imponer un rector que responda a sus intereses.
Todo esto ocurre en medio del ruido generado por el llamado a la intervención de la fuerza pública en las universidades públicas, instituciones que el Gobierno pretende convertir en campos de batalla, poniendo en riesgo a estudiantes, directivos, profesores y trabajadores, además de vulnerar la autonomía universitaria.
Todo mecanismo de control, investigación y vigilancia sobre los servidores públicos y las instituciones debe ejercerse, respetarse y promoverse. Eso se sobreentiende y nos interesa a todos quienes tenemos conciencia de lo público. Lo que no se puede permitir, de ninguna manera, es la utilización de una rama del poder público con fines políticos o económicos.
Al igual que ocurrió durante el dominio paramilitar, el pretendido control del sector político por parte del gobierno de turno puede abrir las puertas a la persecución política, judicial e incluso física contra estudiantes, profesores y trabajadores que no compartan la misma corriente. Lo anterior ya ocurrió con periodistas opositores en plena campaña presidencial y podría intensificarse ahora que quienes promovieron esas prácticas están en el poder.
La falta de protagonismo del departamento de Córdoba en la agenda presidencial —que ha decidido utilizar incluso más a Barranquilla para sus lobbies que a Montería—, sumada al traslado de los recursos destinados a la atención del frente frío y al recorte del presupuesto departamental, obligan a preguntarnos si lo que se pretende es entregarle al clan Bechara una cartera más: la Universidad de Córdoba.
Tenemos discusiones internas y podemos tener críticas frente a la administración actual. Podemos cuestionar sus decisiones, sus actuaciones y sus resultados. Pero también tenemos la certeza de que regresar al pasado oscuro de la Universidad de Córdoba no es una opción.
Como demócratas, debemos salir en defensa de la universidad pública, de su autonomía y de quienes la integran. No podemos permitir que los intereses políticos de turno vuelvan a convertir a la Universidad de Córdoba en escenario de imposiciones, persecuciones y disputas por el poder.
Defender la Universidad de Córdoba no significa defender ciegamente a una administración. Significa defender el derecho de estudiantes, profesores, trabajadores y directivos a construir una institución libre de presiones políticas, económicas y armadas.